El Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Pampa (CIALP) desea expresar su decepción con la aprobación de la nueva Ley de Gestión Integral de Plaguicidas.
Nuestra Institución fue convocada en octubre de 2016 por la Dirección de Agricultura del Ministerio de la Producción de la Provincia de La Pampa, con el objeto de constituir la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (COPROSAVE).
En dicha Comisión participan además la Subsecretaría de Ambiente, la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, la Dirección de Agricultura Familiar del Ministerio de Desarrollo Social, las Facultades de Agronomía y de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa, Ministerio Agricultura de la Nación (MAGyP), el INTA, SENASA, CEPIA, Asociaciones de Productores y la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de General Pico.
Aceptamos el desafío de trabajar arduamente durante más de tres años para modificar, modernizar y mejorar la Ley de Agroquímicos 1173 vigente desde el año 1989. Consideramos este objetivo muy loable teniendo en cuenta la evolución tecnológica en la Producción Agropecuaria, el aumento del área productiva, y la imperiosa necesidad de cuidar la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y los recursos naturales de la provincia.
En febrero de 2020, luego de expuesto por el Poder Ejecutivo el anteproyecto de Ley a la Cámara de Diputados, el CIALP fue consultado por ese cuerpo legislativo y se presentó en dicho recinto para exponer sus opiniones técnicas sobre el texto preliminar.
En el mes de agosto del corriente año acercamos un nuevo análisis con recomendaciones, entre las cuales propusimos la modificación de varios artículos. A continuación, se enuncian algunas de las más de cuarenta sugerencias propuestas:
– Incorporar especialmente, y en un capítulo exclusivo, el concepto de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), elaboradas por noventa y tres instituciones público privadas, entre ellas INTA, Ministerio de Agricultura de la Nación, SENASA, CASAFE, Facultades de Agronomía, la FADIA (Federación Argentina de Ingeniería Agronómica), etc.
– Establecer las distancias de pulverización teniendo en cuenta:
a) Recomendaciones elaboradas en la COPROSAVE.
b) Datos y mediciones de la Red de BPA y de la legislación internacional.
c) Trabajos e informes científicos de organismos públicos nacionales e internacionales, que estudiaron el tema.
– Utilizar el Remito de compra para realizar la trazabilidad del expendio de insumos, sin necesidad de crear otro instrumento (receta de compra) que duplica el trámite.
– Que el asesor técnico sea un profesional con incumbencias habilitantes en la materia, debidamente matriculado en el CIALP.
– Mantener el sistema de trazabilidad que actualmente implementa el SENASA dada la imposibilidad de hacerlo por envase individual (único cambio incorporado en la nueva Ley).
– Asignación específica de los fondos generados en el SGIEVPF por Tasas y Multas a las actividades relativas al cumplimiento de la presente ley, evitando el desvío de fondos a otras finalidades.
Durante el transcurso del año fueron convocadas a participar distintas organizaciones que brindaron numerosas sugerencias ante la Cámara de Diputados, pero finalmente se aprobó el anteproyecto de Ley original, sin modificaciones sustanciales y desconociendo los mencionados aportes científicos, por lo que nos sentimos defraudados en nuestro sano pensamiento y claro accionar.
Lamentablemente se desperdició la oportunidad de promulgar una Ley modelo, consensuada y equilibrada.
Solicitamos que en la reglamentación de la Ley se consideren los fundamentos científicos aportados por profesionales, formados mayormente en nuestra provincia, de modo de garantizar una coherente implementación de la ley con la finalidad de asegurar el bienestar de todos los pampeanos.
JUNTA DIRECTIVA CIALP
